Roberto Sandoval es vinculado nuevamente a proceso por presunto lavado de más de 156 millones de pesos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la realización de una segunda vinculación a proceso en contra de Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit. De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia federal, el exmandatario enfrenta imputaciones por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a los 156 millones de pesos.

El nuevo proceso responde a una ejecutoria de amparo concedida previamente a Sandoval, la cual instruyó la reposición de la audiencia inicial y la debida fundamentación de la resolución judicial. Al concluir la reinstalación de la diligencia, el Juez de Control consideró suficientes los elementos presentados por la FGR, ratificando la existencia de indicios que permiten proceder penalmente contra el exfuncionario.

Roberto Sandoval continuará bajo prisión preventiva justificada durante el tiempo que se prolongue el proceso penal, medida que reiteró la Fiscalía en su más reciente pronunciamiento del 16 de septiembre. Esta situación jurídica se añade a las acciones legales iniciadas desde 2021, año en que fue detenido tras la emisión de una ficha roja de Interpol. El arresto fue resultado de una coordinación entre la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y la Coordinación Nacional Antisecuestro.

Las investigaciones se extendieron a diversos estados del país antes de su captura, incluidos Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y la Ciudad de México. El objetivo de dichas acciones fue cumplimentar una orden de aprehensión federal relacionada con posibles afectaciones a las finanzas del estado de Nayarit durante su administración. Sandoval se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, ‘El Rincón’, en Tepic, Nayarit.

Adicionalmente, tanto autoridades mexicanas como estadounidenses han vinculado a Sandoval con organizaciones delictivas, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo de los Beltrán Leyva. En paralelo, informes de organizaciones internacionales documentan presuntos casos de violaciones graves a los derechos humanos durante su periodo como gobernador. Estos reportes, realizados por la Federación Internacional de Derechos Humanos y otras ONGs, señalan la existencia de estructuras institucionales involucradas en delitos graves, incluyendo desapariciones forzadas y otros crímenes, investigaciones que avanzan en distintas instancias judiciales.