Así operaba la red que pagó 79 mdp a Adán Augusto a través de empresas fantasma y contratistas de Tabasco

Una investigación periodística reveló que Adán Augusto López Hernández, senador por Morena y exgobernador de Tabasco, recibió 79 millones de pesos de empresas señaladas como fantasma o beneficiarias de contratos estatales, sin reportar correctamente esos ingresos ante las autoridades correspondientes. El análisis, difundido por N+ y realizado por Jennifer González, Alejandro Melgoza y Jorge Ulloa, detalla el flujo de estos recursos, que se dieron principalmente en los años 2023 y 2024, posteriores a la gestión del político en la Secretaría de Gobernación y durante su transición al Senado y el proceso interno de Morena.

La red de transferencias comenzó a finales de 2023, cuando Adán Augusto López dejó su cargo en la administración federal. En noviembre de ese año, registró un depósito de 8.9 millones de pesos proveniente de GH Servicios Empresariales, señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una empresa fantasma. Apenas un mes después, recibió otros 11.5 millones de pesos de la Operadora Turística Rabatte, firma que obtuvo contratos en Tabasco durante su mandato como gobernador. Así, a finales de 2023, las transferencias sumaron 20.5 millones de pesos.

Durante 2024, la captación de recursos continuó. GH Servicios Empresariales realizó un último pago de 2.8 millones de pesos antes de que el SAT suspendiera su sello digital, citando irregularidades fiscales. Sumado a esto, la empresa Capital Cargo del Golfo, también favorecida con adjudicaciones directas durante la administración de López en Tabasco, aportó otros 18.8 millones de pesos al senador, ingresos que tampoco fueron reportados, según consta en los documentos revisados por N+.

Las inconsistencias entre los ingresos reales y los reportados fueron notables. En su declaración patrimonial de 2023 ante la Secretaría de la Función Pública, Adán Augusto López reportó únicamente 7 millones de pesos, aunque los documentos muestran percepciones de al menos 22 millones. Para 2024, declaró ante el SAT haber recibido 58.1 millones de pesos, pero solo informó 625 mil 793 pesos ante la contraloría del Senado, mostrando una discrepancia considerable entre las instancias fiscalizadoras.

El marco legal mexicano establece sanciones claras para la omisión y falsedad en declaraciones patrimoniales de servidores públicos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla desde amonestaciones hasta la inhabilitación del cargo, dependiendo de la gravedad de la omisión. Horas después de publicarse la investigación, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que corresponde al propio senador Adán Augusto López aclarar los señalamientos relacionados con la recepción y declaración de dichos ingresos.