Hijo de Jorge Estefan tramita amparo tras ser vinculado a red de huachicol fiscal en Puebla

Jorge Bechara Estefan López, hijo del exfuncionario Jorge Estefan Chidiac, emprendió un procedimiento legal para frenar cualquier acción penal en su contra. El pasado 12 de septiembre se registró la solicitud de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del estado de Puebla, marcando el inicio formal del proceso en respuesta a investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con delitos fiscales.

De acuerdo con los documentos judiciales, la resolución provisional fue otorgada el 19 de septiembre, apenas una semana después de la solicitud original. La autoridad judicial dictaminó la suspensión de cualquier orden de aprehensión expedida el 10 de septiembre, permitiendo a Estefan López garantizar su derecho a la libertad mientras se resuelve el fondo del asunto. Esta suspensión quedó condicionada al pago de una garantía económica de 30 mil pesos, una medida tomada ante la incertidumbre jurídica respecto al delito imputado.

La investigación que conduce la FGR involucra a Grupo Protesta S.A. de C.V., empresa en la que Bechara Estefan figura como socio, señalada como una de las 210 compañías presuntamente vinculadas a una red nacional de huachicol fiscal. El expediente ministerial revela que el domicilio fiscal registrado de la firma se encuentra en un inmueble de la colonia Tres Cruces de la ciudad de Puebla, el cual, según peritajes, operaba como una oficina de fachada sin evidencias de actividad comercial legal.

Las indagatorias federales apuntan a que Grupo Protesta reportó ingresos superiores a 1,787 millones de pesos y tan solo tenía ocho empleados en nómina. El informe identifica a los socios José Pedro Sánchez Campos, Mario Behar Vantolra, Raúl Derio Popoca y Jorge Bechara Estefan López. Además, establece presuntos vínculos entre esta empresa y la firma JWST —propietaria de pipas utilizadas para transportar combustible ilícito—, así como la conexión de ambas con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Durante esta misma etapa, autoridades clausuraron cuatro gasolineras y dos sitios de almacenamiento de combustible en diversos municipios poblanos, como resultado de un operativo conjunto de la FGR, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría Federal del Consumidor. Las pesquisas determinaron que el combustible involucrado era sustraído ilegalmente de instalaciones de Pemex, exportado y reimportado a través del puerto de Altamira, Tamaulipas, donde se declaraban cantidades menores que las realmente ingresadas, práctica orientada a evitar el pago de impuestos federales.

Sobre la posible protección institucional a este esquema, las investigaciones señalan al vicealmirante Manuel Roberto Farías Lagunas y a su hermano, Fernando Farías, como presuntos responsables de facilitar la entrada de combustible ilegal sobornando a mandos medios en la Secretaría de Marina. Manuel Roberto Farías se encuentra actualmente recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras que Fernando Farías sigue prófugo. La audiencia en la que el juzgado definirá si otorga el amparo de manera definitiva está programada para el 1 de octubre a las 9:50 horas.