Gobierno de Trump habría autorizado ataques letales contra cárteles de drogas

El gobierno del expresidente Donald Trump implementó una política que podría transformar radicalmente la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico. De acuerdo con información publicada por la cadena CNN, la administración Trump habría autorizado mediante una opinión legal clasificada la ejecución de ataques letales contra cárteles de drogas y personas que sean consideradas presuntos traficantes. Esta directriz, avalada por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia (OLC), establece que el gobierno estadounidense puede utilizar fuerza letal contra una lista secreta de grupos identificados como amenazas inminentes para la seguridad nacional.

Esta lista de potenciales blancos, según fuentes cercanas al proceso, se extiende más allá de las organizaciones formalmente designadas como terroristas. Esto otorgaría una flexibilidad sin precedentes al presidente para definir a qué organizaciones y personas se considera objetivo militar. Bajo este argumento legal, los narcotraficantes podrían ser tratados como enemigos combatientes, permitiendo su ejecución sin necesidad de revisión judicial previa, modificando así el abordaje tradicional del tráfico de drogas como un delito sujeto a procesos penales.

El cambio en la política ha generado diversas opiniones dentro del propio gobierno estadounidense. Algunos asesores legales del Pentágono manifestaron reservas sobre la legalidad de los ataques, sin embargo, la autoridad de la OLC prevaleció, definiendo el marco operativo para las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia. Conforme a la nueva interpretación, cualquier grupo vinculado al tráfico de drogas hacia Estados Unidos podría ser considerado como una amenaza directa, y abriría la posibilidad de responder con operaciones militares letales fuera del territorio estadounidense.

En paralelo, la administración Trump habría fortalecido la colaboración con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) al otorgarle permisos expandidos para realizar operaciones letales en la región latinoamericana. Esto ha despertado inquietudes sobre la seguridad de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, así como la creciente participación de agencias de inteligencia y actores no militares en conflictos más allá de las fronteras de Estados Unidos.

Expertos legales y legisladores advierten que este marco legal podría establecer un precedente para una guerra sin fin contra los cárteles de la droga, con menos supervisión judicial y mayor riesgo de consecuencias colaterales. La posibilidad de que los operativos se efectúen con menor transparencia y justificación ante órganos de control órganos judiciales mantiene el debate sobre los alcances y límites del poder ejecutivo, así como las implicaciones en derechos humanos de la región latinoamericana. Por el momento, el Departamento de Justicia no ha brindado una postura pública en torno a la revisión de las justificaciones legales que han permitido estas acciones.