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Destituyen a 10 funcionarios mexicanos por cambiar cocaína incautada por leche en polvo

La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha destituido y presentado denuncias penales contra diez de sus funcionarios tras descubrirse que una tonelada de cocaína asegurada al crimen organizado fue sustituida por leche en polvo antes de la incineración. Entre los implicados se encuentran el excontralor de la Fiscalía, Arturo Serrano Meneses, y Sergio Taboada, hermano de Santiago Taboada, exalcalde y excandidato del PAN a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México. La investigación señala posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y operaciones contra la administración de justicia.
El incidente se originó a partir de la incautación de cocaína en el estado de Guerrero, la cual, conforme a la legislación vigente, debía ser destruida. Sin embargo, las autoridades detectaron que el lote fue reemplazado por leche en polvo antes de la incineración. La FGR informó que la maniobra fue descubierta y que entre los funcionarios removidos se encuentran responsables directos del control y verificación de bienes asegurados y de los procedimientos de destrucción de narcóticos.
Fuentes oficiales indican que, además del excontralor Serrano, la lista de funcionarios señalados incluye a servidores públicos de las áreas de control interno, evaluaciones, administración y auditoría. Las pesquisas apuntan a una posible red organizada de corrupción al interior de la Fiscalía, donde los funcionarios habrían facilitado la sustracción de cargamentos de droga para su venta posterior en el mercado ilícito.
La investigación y destitución de los funcionarios ha provocado reacciones políticas, principalmente por la implicación de Sergio Taboada, hermano del político opositor Santiago Taboada. Legisladores del partido oficialista Morena han enfatizado presuntas conexiones entre la red de corrupción y el entorno político ligado al PAN. Por su parte, el excontralor Serrano fue removido de sus funciones tras una intervención de elementos federales, aunque no fue detenido formalmente; se reporta que tramitó un amparo judicial contra su aprehensión.
Las autoridades continúan las investigaciones, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, han solicitado informes y el avance puntual del caso. La remoción y denuncias ocurrieron a mediados de 2025 y han desencadenado nuevas revisiones a los procedimientos internos para el manejo de bienes incautados en la FGR. El caso sigue en desarrollo y tanto la Fiscalía como los partidos políticos han emitido declaraciones centradas en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.

