Proveedores de salud advierten que los plazos del gobierno son imposibles de cumplir

La Asociación Nacional de Proveedores de la Salud (ANAPS) emitió una advertencia respecto a los plazos que el Gobierno Federal ha fijado para regularizar la entrega de dispositivos médicos, calificándolos como imposibles de cumplir en el corto plazo. Carlos Salazar Gaytán, presidente del organismo, explicó que la cadena de suministro involucra procesos de manufactura, importación, trámites aduaneros y etiquetado, lo cual impide acelerar al máximo la llegada de los dispositivos solicitados, como lo demandó la autoridad sanitaria.

Durante una conferencia matutina reciente, la presidenta Claudia Sheinbaum estableció la fecha límite de finales de septiembre para que las empresas regularicen el abastecimiento, advirtiendo que de no hacerlo podrían enfrentar sanciones económicas, inhabilitaciones o incluso denuncias penales por delitos contra la salud. En respuesta, representantes del sector privado señalaron que la mayor parte de estos productos requieren procedimientos que no se pueden reducir a cuestión de pocas semanas.

Salazar detalló que un dispositivo médico sencillo toma al menos 60 días para fabricarse y para aquellos de mayor complejidad el tiempo aumenta considerablemente. A estos plazos se suman de 30 a 60 días adicionales para el traslado e ingreso al país, lo cual fija un periodo estimado de 90 a 120 días para completar el suministro. La industria indicó que, en los meses de mayo y junio, las órdenes oficiales comenzaron a llegar incluso previo a la formalización de contratos, dificultando aún más el cumplimiento de las nuevas meta temporales.

El subsecretario de Integración del Sector Salud, Eduardo Clark, informó que hasta agosto se han recibido 186 millones de piezas de medicamentos, cifra que representa un 138% más que lo reportado en mayo. Sin embargo, reconoció que al menos 30 proveedores no han alcanzado las entregas comprometidas, por lo que el gobierno mantiene la postura de exhibir a farmacéuticas que, según la autoridad, están impidiendo el suministro al 100%.

El sector privado señala que su objetivo principal es estabilizar el abastecimiento y que, de mantenerse reglas claras y plazos factibles, se podría alcanzar una cobertura de hasta el 90% antes de que termine el año. Sin embargo, advierten que un esquema de sanciones sin flexibilidad puede provocar dificultades financieras al cierre del ejercicio. Adicionalmente, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos reporta adeudos gubernamentales que ascienden a 5,000 millones de pesos, algunos de ellos pendientes desde 2021, generando presiones extra y agravando los retos de la industria en el contexto actual.