SCJN turna a ministra María Estela Ríos sentencia de la Corte Interamericana sobre prisión preventiva oficiosa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha turnado a la ministra María Estela Ríos González el expediente 3/2023, relacionado con la recepción y estudio de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se pide a México modificar su esquema de prisión preventiva oficiosa. Esta asignación implica que la ministra Ríos González, quien previamente fue consejera jurídica del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador entre 2021 y 2024, analizará y elaborará el proyecto para determinar la postura que adoptará el máximo tribunal mexicano frente al fallo internacional.

El expediente permanecía originalmente en la ponencia del ahora ministro en retiro Jorge Pardo Rebolledo. Bajo su conducción, la SCJN llegó a publicar un proyecto que sugería la interpretación restrictiva de la prisión preventiva oficiosa, al considerarla incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La recepción formal de la sentencia internacional ocurre luego de que el 26 de abril de 2023, la CIDH notificó al Estado mexicano sobre su fallo en el caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz, por la aplicación de medidas de arraigo y prisión preventiva oficiosa en el país.

La asignación del expediente a la ministra Ríos González se produce en un contexto en el que la figura de la prisión preventiva oficiosa ha estado en el centro del debate público y judicial. Durante su gestión presidencial, Andrés Manuel López Obrador manifestó críticas hacia diversas iniciativas dentro de la Suprema Corte que proponían la inaplicación o limitación de esta medida cautelar. El exmandatario advirtió que, de declararse inaplicable el artículo 19 constitucional, la Suprema Corte asumiría atribuciones exclusivas del Poder Legislativo. Asimismo, en mayo de 2024, López Obrador solicitó a los ministros de la Corte recapacitar, argumentando que modificar dicho esquema podría propiciar un escenario de impunidad.

La sentencia de la Corte Interamericana obliga al Estado mexicano a ajustar sus procedimientos para adecuarse a los parámetros internacionales en materia de derechos humanos. En concreto, la CIDH concluyó que México incurrió en violaciones a la Convención Americana derivadas de la aplicación de figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. De acuerdo con el proyecto presentado previamente en la SCJN, el Poder Judicial Federal podría, con base en esta sentencia, interpretar que la prisión preventiva oficiosa se opone a los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos.

La Suprema Corte deberá definir, a partir del análisis que realice la ministra Ríos González, la manera en que el Estado mexicano dará cumplimiento a la resolución de la Corte Interamericana. El estudio de este asunto podría desembocar en directrices para que tribunales inferiores limiten la automatización de la prisión preventiva, dando así cumplimiento a la condena internacional y atendiendo al equilibrio entre obligaciones constitucionales y compromisos internacionales de derechos humanos.